(publicado en el peruano el 15/08/2012 por el porefesor César Mosqueira Lovón Especialista en temas educativos)
La nota de prensa 435 PCM difundida por los medios, que reporta la realización de un amplio debate público sobre el proyecto de ley de desarrollo docente o de reforma magisterial, es muy pertinente, oportuna y señala el camino que se requiere para modernizar este sector.
Los gobiernos regionales, por medio de las gerencias de Desarrollo Social, podrían alcanzar una posición regional con opinión consensuada de alumnos, docentes y directores de IE y especialistas de las UGEL y DRE.
La experiencia de la aplicación de la actual ley del profesorado, que no ha brindado las condiciones y alcances para garantizar la incorporación de todos los docentes en los procesos de la capacitación, ascenso por competencias y carrera profesional, también nos demanda y exige adoptar medidas que superen estas limitaciones y vacíos que mantienen las condiciones de crisis de la educación.
No hay duda, asimismo, de que el anteproyecto propuesto por el Minedu tiene importantes y valiosas contribuciones, nuevas y retroalimentadas por antecedentes normativos nacionales, con perspectiva de garantizar la calidad del trabajo docente, perfeccionando la ley actual.
Por otra parte, el rol social y manejo político de esta norma en su aplicación requiere indispensablemente de una consulta social de carácter nacional inmediata y bien estructurada, que permita el conocimiento de su espíritu y objetivos y que capte aportes y planteamientos para atender esta postergada y sentida aspiración nacional de contar con docentes éticos y de calidad, que den a los estudiantes y a la comunidad solvencia y fortaleza en su formación y desarrollo integral.
La consulta podría desarrollarse en un lapso máximo de tres meses, teniendo una etapa de consulta de 45 días y 45 días de consolidación de propuestas, a través de organismos del sector y de concertación y participación existentes:
-Los gobiernos regionales, por medio de las gerencias de Desarrollo Social, podrían alcanzar una posición regional con opinión consensuada de alumnos, docentes y directores de IE y especialistas de las UGEL y DRE.
-Las Apafa, a través de sus organizaciones regionales y nacionales.
-Los órganos gremiales, a los que la convocatoria y la propuesta de retorno debería hacerse en los medios de comunicación y en el mismo plazo, en este caso, una exigencia de esta naturaleza permitiría a toda la comunidad conocer las alternativas y exigencias planteadas y su pertinencia.
-Personas naturales y jurídicas, universidades, ONG, entidades privadas, especialistas, ciudadanos en general, a través de los medios de comunicación.
Las técnicas y las estrategias de conectividad modernas permitirían al Minedu, mediante una comisión multidisciplinaria y con reconocimiento social, recoger y sistematizar estos planteamientos, que ayuden a perfeccionar las ideas planteadas, incorporar nuevas propuestas y fortalecer las estrategias que contiene el anteproyecto de ley.
Para ello es necesario establecer procedimientos claros, ágiles y operativos que concreten el recojo y sistematización de esta información y así construir de una vez por todas una ley que haga de la carrera pedagógica una profesión atractiva, motivadora, promotora del desarrollo personal, con atención adecuada y respeto de derechos, pero también con responsabilidades, deberes y exigencias claras, enfáticas y de cumplimiento obligatorio, que garanticen a la comunidad nacional contar con una educación que trascienda efectivamente en su desarrollo; asimismo ejercer el derecho y responsabilidad de prescindir de los servicios de quienes no se enmarquen en este objetivo gestado con opinión y respaldo nacional.
Con respecto al aumento de remuneraciones, debe concretarse la decisión de aumentos ofrecida y prevista por el Gobierno, concediendo un aumento inicial igual, a todo el magisterio y, a partir de 2013, graduar los aumentos, de acuerdo con la ubicación en la nueva carrera pública magisterial, hasta llegar a un nivel digno y correspondiente a las exigencias y demandas de calidad planteadas; este plazo, permitiría promulgar la ley sin presiones políticas y mediáticas, cumpliendo con los análisis y debates necesarios, que tengan respaldo técnico y consenso multipartidario.
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